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- Descripción del hecho en la realidad: 

En Octubre de este año se descubrió que al interior de Chiledeportes, organismo de Gobierno destinado a fomentar y apoyar proyectos deportivos, existe una serie de irregularidades, debido principalmente a la malversación de fondos públicos, los que alcanzan a más de 400 millones de pesos. Estos fondos habrían sido utilizados en campañas políticas de varios candidatos del PPD.

El hecho habría sido descubierto cuando salió a la luz pública una empresa fantasma, llamada Publicam Ltda., que está acusada de recibir recursos desviados de Chiledeportes y que prestó servicios a la campaña del diputado y vicepresidente del PPD, Guido Girardi, en el 2005, como también a la campaña presidencial de Sebastián Piñera y a la campaña de la parlamentaria Lily Pérez. Sin embargo, en estos dos últimos casos se recibieron facturas que efectivamente demuestran que la empresa prestó servicios de espacios publicitarios.

La empresa nombrada anteriormente figura con una dirección falsa en los registros del SII y con el nombre de un socio, José Maira Rocha, un pequeño agricultor de Colina, que no tenía ninguna relación con la empresa, quien se querelló por usurpación de identidad.

- Comprensión global del hecho:

La Subsecretaria de Deportes, Catalina Depassier, solicitó una auditoría interna y un sumario administrativo, con el pleno apoyo de la Presidenta Michelle Bachelet. Se enviaron todos los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, y se solicitó la renuncia de 13 directores regionales de la entidad deportiva.

Lily Pérez, Iván Moreira y otros representantes de la oposición, señalan que el Gobierno está encubriendo un delito, acusando que existe intervención electoral con fondos fiscales a favor de la Concertación, lo que impide que la Alianza gane en las elecciones.

Los parlamentarios del PPD, como Jaime Quintana y Enrique Accorsi, desmienten su vinculación con la desviación de recursos provenientes de Chiledeportes, luego de la aparición de un mail que contenía una lista con los nombres de los involucrados y los montos que habrían recibido.

Diversos representantes de los partidos de la Concertación señalan que la oposición está utilizando el caso para dañar y desprestigiar la labor del Gobierno.

- Juicio ético acerca del hecho:

Este hecho demuestra la poca transparencia de las autoridades, no sólo de las actuales, sino que también de los gobiernos pasados, al no fiscalizar adecuadamente todos los organismos que tienen a su cargo, por más pequeños que sean.

La fiscalización y el control no significan una pérdida de autonomía de las instituciones, sino que están dirigidos a garantizar el buen funcionamiento de todo el sistema y a proporcionar la seguridad a los ciudadanos de que viven en un país sin corrupción.

Las autoridades de un país debieran ser personas ejemplares, con méritos propios y suficientes para ocupar los altos cargos, porque son ellos los responsables de tomar las decisiones que nos beneficiarán o afectarán a todos, son ellos los que dirigen a toda una nación, lo que se debería hacer en forma transparente e intachable, actuando sobre todo por el bienestar social antes que por obtener beneficios personales.

- Decisión o posición con respecto al hecho:

Creo que el gobierno debiera implantar leyes que eliminen los vacíos legales o crear comisiones que fiscalicen a los organismos que no son controlados por nadie, para evitar este tipo de irregularidades en el futuro.

Con respecto a los medios de comunicación, éstos tienen el deber de informar a la ciudadanía lo que está pasando en el país, de una manera imparcial, objetiva y apuntando a descubrir la verdad de los hechos que afectan a toda la sociedad.

Esto último hace que las personas ejerzan su derecho a la información y que se formen su propia opinión; además puede transformarse en una forma de presión a las autoridades para que tomen medidas más drásticas sobre los asuntos que nos competen a todos.

(Escrito en noviembre de 2006)